¿A dónde van a correr?

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“La vida antes en este barrio era de lo maravilloso. Todos jugábamos fuera de la carretera hasta tarde de la noche, nos divertíamos jugando al fútbol... el que ganaba, se llevaba una cola de un litro”. El recuerdo de este morador en un barrio periférico parece extraído de una época extinta. Hoy, la brisa del Pacífico ya no acompaña a los niños corriendo tras un balón. Las canchas están vacías, y la cruda realidad es otra: “Ahorita todo es delincuencia. El barrio está pasando por un lugar muy fatal... tenemos compañeros que ya no están con nosotros”.

Pero el silencio más ensordecedor en Manabí no es el que imponen los fusiles, sino el del abandono estatal. En esta provincia, el crimen organizado no llegó a corromper infancias prósperas; llegó a cosechar lo que la desigualdad sembró durante décadas. Hoy nos enfrentamos a un exterminio adolescente, pero para entender cómo un niño termina empuñando un arma a los 12 años, primero hay que mirar su plato de comida, su casa vacía, las calles por las que camina y su escuela abandonada.

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En Ecuador, la precariedad tiene rostro de niño. Los datos más recientes del INEC y UNICEF revelan que cerca del 38% de los hogares con menores de edad vive en situación de pobreza multidimensional. Esto no solo implica bolsillos vacíos; significa crecer en casas con pisos de tierra, hacinamiento y sin acceso a servicios básicos. Para entender la magnitud del abandono en la zona, basta revisar las cifras oficiales del último censo del INEC en Manabí. Apenas el 61,1% de las viviendas tiene acceso a agua por red pública y un crítico 43,6% cuenta con alcantarillado. Es decir, más de la mitad de las familias manabitas sobrevive sin una red sanitaria básica, lo que las condena a comprar agua en tanqueros o convivir con insalubridad.

En este escenario, la falta de servicios básicos se convierte en el primer agresor del niño, enfermándolo, agudizando su desnutrición y marginándolo del sistema mucho antes de que cualquier banda criminal toque a su puerta. Si en el Ecuador entero la desnutrición crónica infantil (DCI) condena al 20,1% de los niños en sus primeros dos años de vida, en territorio manabita esta herida se profundiza hasta rozar el 23%, convirtiéndola en una de las provincias más castigadas. Cuando el Estado le niega nutrientes a un bebé en sus primeros mil días de vida, ya lo está marginando del sistema.

El hambre es el primer reclutador, pero el cerco se cierra cuando el hogar deja de ser un refugio. Según datos de UNICEF y el INEC, en Ecuador 1 de cada 2 niños menores de cinco años (el 50%) es víctima de maltrato físico o psicológico dentro de su propio hogar. “La violencia empieza desde la casa”, relata una moradora que observa cómo las familias se desmoronan frente a sus ojos. “Los niños se dan cuenta de cómo los padres discuten y ellos prefieren distraerse en la calle. Pero no se dan cuenta de que en la calle hay mucha maldad, la violencia, las matanzas, las drogas”.

En esa calle a la que huyen buscando paz, las mafias operan como depredadores psicológicos. Al ver a los menores a la deriva, la estrategia es clara: “Ven que andan solos y lo que hacen es manipularlos, ofrecerles dinero, engañarlos con cualquier cosa para darles una supuesta estabilidad”. Les ofrecen el falso sentido de pertenencia y la 'familia' que la sociedad desechó. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la retención de menores de edad vinculados a delitos de alto impacto, como tenencia de armas y sicariato, ha sufrido incrementos de hasta un 300% en los últimos años en zonas críticas.

Si el núcleo familiar colapsa, la escuela debería ser el último refugio. En Manabí, ha ocurrido lo contrario. Los planteles dejaron de ser zonas de paz para convertirse en territorios de reclutamiento. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) ya emitió una alerta máxima sobre el reclutamiento forzado en el país, un fenómeno que se alimenta directamente de la exclusión. Solo en el último periodo lectivo, más de 40.000 estudiantes abandonaron el sistema escolar en la región Costa, engrosando un ejército de infancias invisibles para el Estado, pero muy visibles para el narco.

“El miedo de mi mamá y el mío es que no sabemos lo que él pueda hacer en el colegio”, confiesa la joven hermana de un estudiante, reflejando el terror que paraliza a los hogares. "La inseguridad de nosotros es que lo estén acosando a que se meta a la mala banda, que le ofrezcan dinero... Las opciones son: si no te metes, matamos a tu familia". Un caso reciente resuena en la comunidad como una advertencia fúnebre: un joven que apenas cursó medio año de secundaria tuvo que abandonar todo y huir porque “lo amenazó la otra mafia para que se involucre”.

Este ultimátum es letal. Las bandas saben que la edad promedio de captación ronda los 11 años y manejan un tarifario de microtráfico o sicariato que compite con la pobreza. Para las bandas, comprar un niño es ridículamente barato. En un país donde la línea de pobreza extrema se sitúa por debajo de los 2 dólares diarios por persona, un adolescente que deambula con hambre ve en los 50 dólares que le ofrece el microtráfico una fortuna inalcanzable por la vía legal.

Las consecuencias de este abandono sistémico se traducen en cadáveres de tamaño infantil. Entre 2024 y 2025, 997 menores fueron asesinados en el contexto del conflicto armado interno. De ellos, 828 tenían entre 11 y 17 años. Tres provincias —Guayas, Los Ríos y Manabí— concentraron más del 72% de estos homicidios.

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Hacer periodismo desde la mirada de las infancias nos obliga a derribar prejuicios. Estos adolescentes no nacieron siendo criminales; son el último eslabón de un Estado que sistemáticamente les falló. “Me duele ver a niños que recién están creciendo, que pasan a ser jóvenes y se han dañado fatalmente”, se lamenta un vecino, resumiendo el sentir colectivo de impotencia.

La militarización no basta cuando el enemigo real es el hambre y las autoridades son apenas un fantasma que llega a recoger cuerpos. “Nosotros los llamamos y ellos regresan es cuando ya ha pasado todo”, sentencia indignada una ciudadana sobre las fuerzas del orden. Proteger a la niñez no es caridad; es el único pacto de supervivencia viable para Ecuador. Erradicar la desnutrición, asegurar el agua potable, sostener a los huérfanos y devolverle la paz a las escuelas son políticas de seguridad mucho más efectivas que construir prisiones.

O el Estado abraza a la juventud con dignidad, o la mafia seguirá cubriéndolos hasta llevarlos a la tumba.